Para que exista responsabilidad civil extracontractual y, por tanto, derecho a indemnización, es imprescindible que concurra culpa o negligencia del responsable. Así lo viene reiterando el Tribunal Supremo, entre otras, en sus Sentencias de:

• 6 de noviembre de 2001

• 17 de febrero de 2009

• 26 de octubre de 2011

El fundamento legal se encuentra en el artículo 1902 del Código Civil, que establece:

“El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.”

Por tanto, no basta con que exista un daño. Es necesario acreditar:

1. La existencia de una acción u omisión.

2. Un daño efectivo.

3. El nexo causal entre ambos.

4. La culpa o negligencia del agente.

La jurisprudencia más reciente exige la prueba conjunta del nexo causal y de la culpa, especialmente en los supuestos de caídas en establecimientos abiertos al público.

El Tribunal Supremo considera que un tratamiento, desde el punto de vista penal, es toda actividad posterior a la lesión tendente a procurar la sanidad de la persona, si está prescrita por médico. Entiende que resulta irrelevante que la actividad la realice el propio médico o la encomiende a auxiliares sanitarios o al propio paciente. Así lo ha establecido el Alto Tribunal, entre otras, en sus sentencias de 06/02/1993, 22/11/1994, 30/06/1995, 03/05/1996, 27/07/2001, 23/11/2001 y 13/09/2002.

Atendiendo a lo anterior, podemos cuestionarnos, si en la primera asistencia médica ponen al lesionado tiras de aproximación, le recetan antiinflamatorios y le recomiendan el control de la lesión por parte de su médico de familia, ¿estaríamos ante un delito de lesiones? Pues no necesariamente.

Por ejemplo, cuando el lesionado sufre una fractura del tabique nasal (rotura de la nariz) no siempre se considera delito de lesiones que conlleve pena de prisión. Si es una fractura sin desplazamiento que no precisa tratamiento quirúrgico u otro diferente de tratamientos sintomáticos y opcionales -como antiinflamatorios o frío local-, puede ser considerado un delito leve.

• El seguimiento facultativo no es tratamiento médico.

El artículo 147.1 del Código Penal especifica expresamente que no se considerará tratamiento médico la simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión.

Como hemos visto, la jurisprudencia ha definido el tratamiento médico o quirúrgico, a efectos penales, de forma sintética como “toda actividad posterior a la primera asistencia, tendente a la sanidad de las lesiones y prescrita por un médico”. En sentido estricto, el tratamiento médico consiste en la planificación de un sistema de curación o de un esquema médico prescrito por un titulado en medicina con finalidad curativa.

Por tanto, no se puede concluir que el lesionado hubiese necesitado la planificación de un sistema de curación, cuando no hubo asistencias médicas posteriores. Aunque le recomendase el control de la lesión por parte de su médico de familia.

Debe quedar al margen de lo que es tratamiento médico el simple diagnóstico o la pura prevención médica. Por ello, la simple cautela no será considerada tratamiento y estaríamos ante un delito leve de lesión.

• Las tiras de aproximación deben ser objetivamente necesarias.

La aproximación de los bordes de las heridas mediante tiras adhesivas es una práctica médica común y habitual ante heridas contusas. Aunque se consideran tratamiento médico, siempre hay que valorar la necesidad de la medida para la curación. Para ello, hay que tener en cuenta factores intrínsecos de la propia lesión, como la localización anatómica de la herida, profundidad, dimensiones, etc.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 147.1 del Código Penal, no basta con que el lesionado reciba tratamiento médico, sino que dicho tratamiento debe ser requerido objetivamente para alcanzar la sanidad. Esto excluye la subjetividad de su dispensa por un facultativo o por la propia víctima.

Por tal motivo, es fundamental que el informe médico forense especifique si la sutura era absolutamente necesaria para la curación de la lesión. En caso contrario, no se requería ese tratamiento “objetivamente”, por lo que estaríamos ante un delito leve de lesión.

• El tratamiento antiinflamatorio debe ser objetivamente necesario.

Siguiendo el ejemplo de la fractura de huesos de la nariz, al tratarse de una fractura sin desplazamiento, no precisó tratamiento quirúrgico para restituir su aspecto y funcionalidad. Tampoco fue necesario ningún tratamiento, únicamente antiinflamatorios y frío local, que son tratamientos sintomáticos y opcionales.

El Tribunal Supremo se pronunció de este modo en la STS 916/2016 de 2 de diciembre, Sala Segunda, Sección Primera (nº rec. 631/2016) -Numroj: STS 5324:2016- FJ 4º, sobre un esguince de tobillo considerado falta:

Se trataron de lesiones que, según el relato de hechos probados, “fueron diagnosticadas como erosiones en piernas, esguince en región dorsal del pie derecho, de las que tardó en curar siete días durante los cuales no estuvo imposibilitado ninguno, precisando para alcanzar la sanidad de exploración diagnóstica, limpieza-desinfección y antiinflamatorios. Le resta como secuela una cicatriz de 1 cm en el tercio superior de la cara anterior de la pierna derecha.” Y considera el Fiscal recurrente que la pauta farmacológica mencionada debe ser considerada como tratamiento médico con el alcance que requiere el precepto cuya aplicación reivindica.

Según la doctrina de esta Sala por tratamiento médico puede entenderse aquel sistema que se utiliza para curar una enfermedad o para tratar de reducir sus consecuencias si aquella no es curable. Existe ese tratamiento, desde el punto de vista penal, en toda actividad posterior tendente a la sanidad de las personas, si esta prescrita por un médico…

Cualquiera que sea el alcance que corresponda a los conceptos “tratamiento médico o quirúrgico” a los que se refiere el artículo 147 CP, es necesario que sean requeridos “objetivamente” para la curación de la lesión.

En este sentido ha señalado esta Sala (entre otras SSTS 89/2014 de 12 de mayo o 546 /2014 de 9 de julio) que su necesidad ha de obedecer a razones derivadas de la naturaleza y características de la propia lesión, puestas en relación con los criterios que la ciencia médica viene observando en casos semejantes. Si aplicados tales criterios médicos al caso concreto según sus particularidades, se hace necesario un tratamiento médico o quirúrgico posterior a los primeros cuidados facultativos, se está ante el delito de lesiones y no ante la falta, hoy delito leve. Y ello al margen de lo que realmente haya ocurrido en el caso concreto en virtud de distintas opciones personales.

Es decir, lo importante es que ese esquema curativo se presente generalmente como idóneo para el óptimo restablecimiento del paciente según el estado de la ciencia, y al margen de la subjetividad del facultativo o de la propia víctima. Como dijo la STS 744/2012 de 25 de octubre, no es el tratamiento efectivamente recibido lo que convierte la lesión en delito, sino la objetiva necesidad de recibirlo para la sanidad.

En el caso que nos ocupa la Sala sentenciadora no consideró acreditado que la ingesta de antiinflamatorios fuera objetivamente necesario para la sanación de las lesiones, es decir que tuviera finalidad curativa, y razonó al respecto: “En el caso de autos no se puede considerar que a la vista de la entidad de las lesiones, erosiones en pierna, y esguince en región dorsal del pie derecho, que curaron en siete días sin que estuviere imposibilitado o ilimitado para la realización de las actividades de la vida diaria, sin hospitalización ni baja laboral, permiten considerar que la pauta de los antiinflamatorios no fuera simplemente como paliativa de molestias leves, o incluso prevención de ellas, no para la efectiva curación de una lesión. No podemos concluir que el tratamiento prescrito fuera necesario objetivamente para la curación.“

Tal argumentación exterioriza un criterio coherente y que además se acomoda a la doctrina de esta Sala (entre otras SSTS 724/2008 de 4 de noviembre o 1137/2009 de 22 de octubre) según la cual la aplicación de tratamiento farmacológico sin más especificaciones, no puede ser equiparada a la noción de tratamiento médico, como elemento normativo del tipo previsto en el artículo 147 CP.

 

• La gravedad de las lesiones tiene que valorarse en conjunto.

En los supuestos de difícil distinción entre el tratamiento y la vigilancia o seguimiento médico, la jurisprudencia indica que hay que valorar la relevancia de la lesión en su conjunto.

En el caso en cuestión, el resultado de la lesión eran unas cicatrices superficiales, no dolorosas, que no interferían sobre la mímica facial y apenas visibles a las pocas semanas. Por tanto, no puede entenderse que la entidad o las secuelas derivadas de la lesión fuesen graves.

En caso de que los padres no estén de acuerdo, los jueces fijarán el régimen que en el caso concreto se adapte mejor al interés del menor. No al de sus progenitores, pues no se trata de un premio o castigo para ellos (Sentencias del Trubunal Supremo de 11 marzo 2010, 21 febrero 2011, 10 enero 2012 y 29 abril 2013).

Para decidir, valorarán las circunstancias familiares de cada caso. Por ejemplo, en el caso del hijo, su edad y estado de salud. En el caso delos progenitores, su dedicación previa al cuidado del menor, su disponibilidad horaria, si tienen una red familiar de apoyo para el cuidado del menor, la distancia entre viviendas y cómo es la relación entre ellos.

Respecto a este último punto, cabe advertir que la mala relación entre los padres no conlleva la denegación automática del sistema de guarda compartida, siempre que no perturbe el desarrollo emocional del hijo (Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de enero de 2018).

Asimismo, para concluir si la custodia compartida es la más adecuada, resulta fundamental la declaración del propio menor. Pueden declarar en juicio a partir de los 12 años y antes si el Juez lo considera necesario. Además, es habitual recabar el dictamen de especialistas sobre el régimen de custodia, conforme a lo dispuesto en el artículo 92.6 y 92.9 del Código Civil.

En cualquier caso, las circunstancias familiares variarán a lo largo del tiempo. Aunque en un primer momento no sea oportuno el sistema de custodia compartida, puede serlo más adelante. También al contrario. Para estos casos, frecuentes en la práctica, se prevé el procedimiento de modificación de medidas.

ESTATUTOS SOCIALES.

La cláusula drag along puede figurar tanto en los Estatutos fundacionales, como posteriormente por modificación estatutaria, y tiene eficacia frente a terceros.

Existen diversas opiniones sobre si para establecer en los Estatutos Sociales un derecho de arrastre es preciso unanimidad o mayoría reforzada. Aunque existen pocos pronunciamientos sobre la materia, tomaremos a modo de ejemplo la Resolución de 4 de diciembre de 2017 de la Dirección General de los Registros y del Notariado. Esta resolución desestima el recurso interpuesto contra la negativa de la Registradora Mercantil y de Bienes Muebles de Barcelona a inscribir una escritura de elevación a público de acuerdos sociales de modificación de estatutos sociales. Razona que para establecer en los Estatutos Sociales un derecho de arrastre es necesario el acuerdo unánime de todos los socios, conforme a los artículos 291 y 351 de la Ley de Sociedades de Capital:

El registrador suspende la inscripción solicitada porque, a su juicio, es necesario «el acuerdo unánime de todos los socios, por cuanto puede implicar una exclusión de los socios que se ven obligados al cumplimiento del mismo y exige el consentimiento individual de los afectados. (Artículos 291 y 351 de la Ley de Sociedades de Capital)».

En el presente caso, la «cláusula de arrastre» –próxima a la «clausola di trascinamento» como se la conoce en Derecho italiano o en la denominación inglesa de «drag-along»– tanto se considere que es un supuesto de imposición de obligaciones a los socios a que se refiere el artículo 291 de la Ley de Sociedades de Capital, como una causa estatutaria de exclusión del socio (artículo 351 de la misma ley), exige en su configuración estatutaria el consentimiento unánime de los socios, sin que pueda suplirse, dicho consentimiento unánime, atribuyendo un derecho de separación al socio que no hubiere votado a favor, por no ser una mera cláusula de restricción de transmisión de participaciones sociales (cfr. artículo 346.2 de la Ley de Sociedades de Capital).

Ello no significa que el consentimiento de todos los socios deba ser necesariamente expresado en forma de acuerdo adoptado por unanimidad en la junta general en la que hayan estado presentes o representados todos los socios. Es suficiente el acuerdo mayoritario de la junta siempre que a tal acuerdo presten su consentimiento individual todos los demás socios, en la misma junta o en un momento posterior (así resulta del artículo 207.2 del Reglamento del Registro Mercantil).

PACTO DE SOCIOS derecho de arrastre.

Primeramente, cabe aclarar que no tiene eficacia frente a terceros. Como los Estatutos Sociales, tienen naturaleza contractual, pero en este caso no son preceptivos, no deben constar recogidos necesariamente en escritura pública y despliegan sus efectos de manera meramente interna y exclusivamente entre quienes lo firman.

En primer lugar, antes de iniciar los trámites judiciales, lo recomendable es solicitar siempre la convocatoria al órgano de administración mediante requerimiento notarial.

Si tampoco se convoca la junta tras el requerimiento extrajudicial, presentaremos la solicitud de convocatoria judicial ante el Juzgado de lo Mercantil de la localidad donde la sociedad tenga su domicilio social, conforme a lo dispuesto en el artículo 171 del TRLSC y el artículo 118 de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria.

Cuando lo que pedimos es que se convoque una Junta General Ordinaria, hay que alegar que ha expirado el plazo legal y no se ha convocado. Cuando solicitamos que se convoque una Junta General Extraordinaria, lo que tenemos que alegar son las razones por las que la pedimos y el Orden del Día que deseamos que tenga. En ambos casos, deberemos aportar la documentación para acreditar tales hechos, así como nuestra legitimación para solicitar la convocatoria de la Junta y los estatutos sociales.

El solicitante debe comparecer asistido de abogado y procurador, conforme a lo dispuesto en el artículo 118.3 LJV y para la tramitación de la petición se seguirá lo dispuesto en el artículo 119 LJV.

3. Admisión a trámite y citación a la comparecencia.

El Juzgado revisará su competencia y que la solicitud no tiene defectos (art. 16.1 y 4 LJV), y acordará la admisión de la solicitud, citando a los administradores a una comparecencia (art. 119.4 LJV).

Los administradores pueden formular oposición a la solicitud de convocatoria mediante escrito (acompañado de los medios de prueba precisos: art. 265.1 LEC, aplicable por la remisión del art. 8 LJV), dentro de los cinco días siguientes a la recepción del emplazamiento.

La oposición del órgano de administración podrá fundarse tanto en la falta de los presupuestos de legitimación y sustantivos para la convocatoria excepcional solicitada, como en motivos procesales.

Se celebrará ante el Letrado de la Administración de Justicia y se sustanciará por los trámites del Juicio Verbal (art. 18 LJV en relación con los arts. 437 y ss. LEC) del siguiente modo:

• Planteamiento y resolución de las cuestiones procesales que puedan impedir la válida prosecución y término del expediente (como, por ejemplo, la pendencia de un expediente para la convocatoria de la misma junta iniciado con anterioridad o la pérdida de interés legítimo del instante por satisfacción extraprocesal), que serán resueltas en el propio acto de forma oral.
• Realización de aclaraciones y fijación de los hechos.
• Proposición y práctica de las pruebas: aunque la proposición de prueba ha de efectuarse en la comparecencia, tras notificarse su señalamiento solicitante y administradores disponen de un plazo de cinco días (que para estos últimos coincide con el de oposición) para indicar las personas que, por no poder presentarlos ellos mismos, han de ser citadas por el Juzgado a declarar como parte, testigo o perito (art. 440.1 IV LEC, aplicable por remisión del art. 18.2 LJV). Cabe puntualizar que, el letrado de la Administración de Justicia no se limita a admitir las pruebas propuestas por las partes, sino que puede acordar de oficio la práctica de las que estime convenientes (art. 6 LJV).
• Formulación de conclusiones orales (art. 18.2 3.ª y 5.ª LJV y art. 443.2 y 3 LEC).

Después de la comparecencia, el Letrado de la Administración de Justicia dictará un decreto desestimando o estimando la solicitud, todo o sólo en parte (por ejemplo, sólo para tratar algunos puntos del Orden del Día propuesto).

• Si el Decreto acuerda la convocatoria no es recurrible (art. 170.3 y art. 119.5 LJV), sin perjuicio de la impugnación de los acuerdos sociales adoptados por la Junta que en su día se celebre precisamente por haber sido indebidamente convocada (art. 204.3 a) LSC). La resolución de convocatoria es de obligado cumplimiento para los administradores, siendo posible solicitar su ejecución forzosa.

• Si el Decreto deniega la convocatoria (total o parcialmente) puede presentarse recurso de revisión ante el Juez de lo Mercantil (art. 20.2 LJV), que se tramita según los cauces ordinarios, carece de efectos suspensivos y se resuelve mediante auto, que, por poner fin al procedimiento, puede ser a su vez objeto de recurso de apelación (art. 454 bis LEC).

Las anteriores conductas delictivas tienen que realizarse contra un grupo o contra una persona que forma parte de ese grupo, por alguno de los siguientes motivos:

Racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad.

Los motivos son limitados, por lo que no es posible extender su aplicación a otros distintos. Esto tampoco sería aconsejable por el riesgo de vulnerar el derecho a la libertad de expresión, especialmente cuando se hace crítica política.

Además de los colectivos históricamente discriminados, el artículo 510 del Código Penal prevé como delitos de odio los motivados por la “situación familiar” o por “ideología”.

Esta ampliación ha dado lugar a polémicas interpretaciones y no se encuentra en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ni en la Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2008, de lucha contra manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal.

Por el contrario, el Código Penal español no contempla expresamente los motivados por el “color” ni la “ascendencia”, a los que sí se hace referencia expresa en la Decisión Marco del Consejo.

Tampoco existe coherencia dentro de la legislación española, pues no coinciden los motivos discriminatorios contemplados en la Constitución Española y en el Código Penal. Además, en el propio Código, se prevén diferentes motivos discriminatorios dependiendo de los artículos. Por ejemplo, el artículo 510 del Código Penal incluye la situación familiar y el origen nacional como motivos discriminatorios, pero no la agravante del artículo 22.4.ª del Código Penal.

También se echa en falta la referencia a la aporafobia o la gerontofobia, aunque se puede aplicar el artículo 173 del Código Penal, u otras agravantes, como el abuso de superioridad.

Este tipo de procedimiento está regulado en los artículos 795 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y se aplica a delitos menos graves de instrucción sencilla. Para que se tramite como juicio rápido tiene que cumplir los siguientes requisitos:

Que la pena privativa de libertad que no exceda de cinco años, o con cualesquiera otras penas, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cuya duración no exceda de diez años, cualquiera que sea su cuantía.

Que se haya iniciado por atestado y que la Policía lo haya detenido o citado para comparecer ante el Juzgado de guardia.

 Además, debe concurrir alguna de las siguientes circunstancias:

• Que se trate de un delito flagrante, esto es, que el investigado fuese sorprendido en el acto cuando lo estuviese cometiendo o lo acabara de cometer.
  Se entenderá que fue sorprendido en el acto si hubo una persecución inmediatamente después de cometerlo y la misma no se suspendió. Igualmente, se considerará delito in fraganti si se sorprendió al investigado inmediatamente después con efectos, instrumentos o vestigios que permitan presumir su participación en él.

• Que se trate de un hecho punible cuya instrucción sea presumible que será sencilla.

• Que se trate de alguno de los siguientes delitos:

a) Delitos de lesiones, coacciones, amenazas o violencia física o psíquica habitual, cometidos contra las personas a que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal.

b) Delitos de hurto.

c) Delitos de robo.

d) Delitos de hurto y robo de uso de vehículos.

e) Delitos contra la seguridad del tráfico.

f) Delitos de daños referidos en el artículo 263 del Código Penal.

g) Delitos contra la salud pública previstos en el artículo 368, inciso segundo, del Código Penal.

h) Delitos flagrantes relativos a la propiedad intelectual e industrial previstos en los artículos 270, 273, 274 y 275 del Código Penal.

Por tanto, si estamos en uno de los supuestos anteriores, podremos comunicar el desistimiento al vendedor en un plazo mínimo de catorce días naturales desde que nos entrega el bien. Además, el plazo es ampliable si el empresario no ha cumplido con su deber de información sobre el derecho de desistimiento. La comunicación que tenemos que enviar no está sujeta a ninguna formalidad, aunque es imprescindible poder acreditar que efectivamente se hizo, así como la fecha del envío de la solicitud de desistimiento o devolución del producto (artículos 70 LGDCU y 71 LGDCU).

El Tribunal Supremo entiende que el consentimiento de entrada en el domicilio lo tiene que dar el titular al que se refiere el artículo 18.2 de la Constitución Española, ya que supone una renuncia a la garantía constitucional que otorga ese precepto. Así lo ha establecido en reiteradas sentencia, entre otras, la STS 688/2013, de 30 de septiembre.

Hay que tener en cuenta que, al dar el consentimiento para la entrada, los agentes pueden actuar sin que el Letrado de la Administración de Justicia esté presente y sin las formalidades del artículo 569 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Para que el permiso para el registro sea válido, debe cumplir los siguientes requisitos.

Mayor de edad y sin disminución psíquica.

Titular del domicilio. Por ejemplo, en el caso de una vivienda alquilada, la entrada y registro debe ser autorizada por el arrendatario como titular de la intimidad que se verá afectada por la práctica de la diligencia, no por el propietario del inmueble.

Consciente y libre. Que no esté invalidado por error, violencia o intimidación de cualquier clase. La voluntad de permitir libremente el acceso tiene que ser clara e inequívoca.

Los agentes deben informar expresamente, antes de recabar la autorización, de los términos y el alcance de la actuación. Y, en particular, sobre la posibilidad de negarse a la entrada y registro.

Además, si la persona está detenida, el consentimiento debe prestarse con asistencia letrada. Así lo exige el Tribunal Supremo en sus sentencias 794/2012, de 11 de octubre; 849/2013, de 12 de noviembre; 719/ 2013, de 9 de octubre; 420/2014, de 2 de junio; o 508/2015, de 27 de julio, entre muchas otras.

Oral o escrito. No obstante, siempre se reflejará documentalmente en el acta de diligencia de entrada y registro.

Expreso. Aunque el artículo 551 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite el consentimiento presunto, entendido como actos de colaboración.

Se entenderá que presta su consentimiento aquel que, requerido por quien hubiere de efectuar la entrada y el registro para que los permita, ejecuta por su parte los actos necesarios que de él dependan para que puedan tener efecto, sin invocar la inviolabilidad que reconoce al domicilio el artículo 6 de la Constitución del Estado.

Este artículo debe interpretarse restrictivamente. Por tanto, si hay dudas sobre si realmente se estaba prestando el consentimiento presunto, hay que resolver que no lo había. Esto es así en virtud del principio in dubio libertas y el criterio del Tribunal Constitucional de interpretar siempre las normas en el sentido más favorable a los derechos fundamentales de la persona.

También se valorará la actuación de los policías, conforme a lo establecido por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 2 octubre de 1995:

Tampoco existió consentimiento por parte de ninguno de los dos huéspedes que se hallaban alojados en tal habitación, pues pese a que en el atestado aparece que uno de los dos (ni siquiera se dice cuál de ellos) estuvo presente en dicho registro (folio 162), sin embargo nada consta al respecto en el acta de ocupación que levantó la propia policía (folio 170), siendo en este punto confusas las declaraciones que en el acto del juicio oral prestaron los agentes que habían intervenido en la operación, mientras que los dos referidos huéspedes nunca declararon que consintieran en la realización de tal registro…

La antes citada sentencia de esta Sala de 15-2-95, la número 204 de este año, dice que “las dudas que sobre el particular pudiera haber deben resolverse en beneficio de los acusados, ya que el mayor rigor siempre será exigible para la actuación de los miembros de la Policía Judicial, por ser ello conforme a una interpretación no restrictiva de los derechos y libertades fundamentales de las personas, y porque el estricto cumplimiento de la legalidad ha de ser siempre exigido a los miembros de la Policía Judicial, que no pueden ignorarla por razones profesionales.

Si el consentimiento no se produce en las condiciones de serenidad y libertad ambiental necesarias, no se considerará suficiente.

Para un fin concreto y conocido.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de junio de 2001, expuso en su Fundamento Jurídico 3º lo siguiente:

Esta situación pone a las claras la existencia de una primera investigación policial relativa al hijo menor, para la que se obtiene la autorización de entrada en el domicilio particular por quien como cotitular tenía legitimidad para darla, y una segunda investigación, instada por los primeros agentes, sobre el tema de la carta recibida de Colombia, y por tanto investigación autónoma independiente y distinta de la primera, para la que la cotitular no autoriza la entrada en la vivienda con cabal conocimiento de la nueva investigación, y es en este marco de confusión y ambigüedad cuando se produce la entrada de los agentes de la Brigada de Estupefacientes en el piso…

Es claro que la autorización dada por la cotitular de una vivienda para permitir el acceso a la misma de la policía con una finalidad concreta no puede extenderse, ni por tanto cubre la entrada de otros policías por otra investigación independiente de la primera, la autorización dada lo fue en el marco y con la finalidad para la que fue solicitada -las gestiones con el hijo menor de la pareja, no fue un cheque en blanco- ahí agotó toda su potencialidad legitimadora de la entrada.

La subsiguiente entrada de los agentes de la Brigada de Estupefacientes, hubiera exigido de nueva y cumplida autorización de la cotitular del piso a sabiendas de la nueva investigación, o en su caso autorización judicial, al no existir aquella, ni solicitarse ésta, es claro que dicha entrada vulneró el derecho a la inviolabilidad de domicilio reconocida como derecho fundamental en el art. 18.2º de la Constitución, pues resulta patente que no se está en el supuesto de flagrante delito…