Se interpuso demanda de medidas provisionales para exigir el pago inmediato de la pensión de alimentos a favor de los hijos, a pesar de que el progenitor residiera en el extranjero.

• Se alegó que la falta de información sobre su capacidad económica era consecuencia de su propia conducta elusiva de sus deberes parentales.

• La demanda se fundamentó en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, asegurando que los menores no sufran perjuicio por la actitud del progenitor.

Se interpuso oposición a la ejecución, argumentando pago parcial, lo que permitió:

• Solicitar documentación y más pruebas del historial de pagos.

• Revisar exhaustivamente extractos bancarios y hojas contables de la sociedad.

Tras la investigación, se demostró que la deuda estaba totalmente pagada, lo que fundamentó la cancelación de la obligación.

Se interpuso demanda de nulidad de cláusula abusiva por falta de información, argumentando que:

• El cliente no fue debidamente informado sobre el funcionamiento real de la tarjeta y la acumulación de intereses.

• La cláusula de intereses remuneratorios era abusiva, conforme a la legislación de protección de consumidores y la jurisprudencia sobre tarjetas revolving.

Gracias a la estrategia jurídica, se logró plantear la nulidad del contrato a pesar de estar en fase avanzada del proceso.

Se interpuso demanda de declaración de nulidad de cláusulas abusivas y reintegro de cantidades, fundamentada en:

• Otros documentos probatorios distintos de las facturas, como autorizaciones de cargo de provisión de fondos firmadas por la clienta.

• Alegación de no prescripción conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en particular:

  • Sentencia TJUE de 25 de enero de 2024

  • Sentencia TJUE de 25 de abril de 2024 (Asunto C-561/21)

Estas sentencias resolvieron cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo español, reafirmando el derecho del consumidor a la devolución de los gastos hipotecarios cobrados indebidamente.

Se interpuso demanda judicial reclamando el pago íntegro de la indemnización del seguro de vida. La aseguradora sostuvo su defensa en la existencia de un supuesto dolo del asegurado en la declaración de salud.

Durante el procedimiento se acreditó que, antes del fallecimiento, la aseguradora ya disponía de informes médicos relevantes sobre el estado de salud del asegurado. Sin embargo, continuó cobrando las primas sin resolver el contrato ni ejercitar acción alguna.

Tras una resolución inicial desfavorable, tuvimos que formular recurso de apelación, ya que estábamos convencidos de nuestra postura. La Audiencia nos dio la razón y concluye que la aseguradora aceptó en su momento la irrelevancia de la inexactitud del cuestionario. Así que no puede contradecirse posteriormente.